Este miércoles 1 de febrero es el Día Mundial del Galgo, una de las razas más maltratadas en nuestro país, una situación de la que la administración pública española y las fuerzas de seguridad son responsables directas. Consideramos que existe un celo administrativo crónico por evitar hablar de cifras de abandono y muertes derivadas de actividades de explotación de estos perros, como la cinegética.
«Todas las administraciones, desde el Gobierno hasta las autonomías, pasando por las consejerías de medioambiente, el SEPRONA e incluso la Fiscalía son incapaces de garantizar la protección de estos perros y se encargan de ocultar el problema» apunta nuestro presidente, Javier Luna.
La conclusión para Luna es que hay una patente «falta de transparencia«. Rememora que, en alguna ocasión, altos cargos del SEPRONA han llegado a afirmar que «en España no existe un problema de abandono de galgos» conociendo la saturación de la gran cantidad de animales que recogen las protectoras desechados por los galgueros. Nuestro presidente lo atribuye al condicionamiento que las diferentes administraciones tienen para con la Federación Española de Caza y las diferentes federaciones autonómicas: «Mantienen reuniones periódicas y compran el discurso fácil basado en que los perros que aparecen son robados o que el abandono es puntual, que no puede estar más lejos de la realidad».
Según el último estudio de la Fundación Affinity, el fin de la temporada de caza es la segunda causa de abandono en nuestro país (13% del total de los 168.000 perros abandonados en España).
Cada vez más protectoras
En España, cada vez hay más protectoras de animales. Lo que un día fueron cientos, a día de hoy han superado las mil según la base de datos que poseemos en el Partido Animalista. Estas entidades están al máximo de su capacidad durante la mayor parte del año.
Tan solo tres protectoras (Fundación Benjamín Menhert, Scooby y Galgos del Sur) recogen, cada año, 700, 900 y 400 galgos respectivamente solo en las ciudades de Sevilla, Valladolid y Córdoba.
En un informe emitido por el Partido Animalista sobre las cifras del abandono en el año 2019, tan solo 98 protectoras españolas de las mil que existen cifraban en más de 5.500 el número de galgos recogidos, además de otros 3.000 perros de otras razas y cruces utilizados para cazar. La administración no hace nada por recabar datos similares por evitar el choque con el sector de la caza, que jamás reconocerá estas cifras.
La cría masiva de estos perros y su consecuente maltrato viene de décadas atrás. «Antiguamente era mucho más normal verlos muertos en los fondos de los pozos o directamente ahorcados«, sostiene nuestro presidente. «Afortunadamente, a día de hoy el incremento del número de protectoras y personas que se solidarizan con estos perros es mayor y muchos de ellos consiguen una segunda oportunidad tras ser desechados por la caza, pero esto no hace que se reduzcan las cifras de abandono; solo se encubren«.
Aún sigue habiendo muchos casos de galgos ejecutados tras dejar de ser útiles para la caza. Es el caso del descubrimiento de una fosa con más de 30 perros de caza muertos en Tarancón (Cuenca) en 2018; el hallazgo de una veintena de galgos muertos atados a las vías del tren en Sevilla ese mismo año, o la llamada «Finca de los Horrores de Cabra», que costó la pena máxima a dos cazadores por el maltrato continuado a una treintena de perros atados a olivos en Córdoba, dónde uno de ellos falleció.
Último varapalo a los galgos: una Ley de protección animal que no les ampara
Desde finales de 2022 y hasta la fecha, un fuerte movimiento de protesta contra la exclusión de los perros de caza de la futura Ley de Protección Animal ha inundado las redes, las sedes del Partido Socialista (responsable de la enmienda que propuso dicha exclusión), las puertas de los Ayuntamientos y las plazas mayores en decenas de manifestaciones. Se recrimina tanto al PSOE como a Podemos la elaboración de una «ley nefasta plagada de exclusiones», y se pide su retirada «para evitar un retroceso de décadas en materia de protección animal».
Desde PACMA tememos que esta ley, de ser aprobada, afecte más si cabe a estas razas de perro por diferenciarlas activamente de sus congéneres según el tipo de explotación que se les asigne. Habrá perros de primera y de segunda diferenciados directamente por la normativa española, y los más perjudicados tendrán que regularse por textos adaptados a las necesidades de sus maltratadores.